Andrés Vázquez y Javier Pérez Martín en su ámbito gerontológico de trabajo
Andrés Vázquez y Javier Pérez Martín en su labor de estudio sobre el documento de instrucciones previas al final de la vida
Hasta qué punto la ciudadanía y los equipos profesionales médico sanitarios conocen y han subscrito el documento de instrucciones previas sobre los cuidados que se necesitan o desean al final de la vida es toda una incógnita.
Al menos hasta ahora.
Y es que en Galicia existe ya un precedente que, de forma pionera y comparado además con el resto del Estado, revela los primeros datos sobre el grado de conocimiento y uso de este documento. Algunos muy sorprendentes. Entre ellos, que las mujeres en dicha Comunidad están más sensibilizadas sobre este particular que los hombres o que el índice de profesionales que conoce este documento, pero no lo suscribe, es el menor de Europa.
Y es que promover el conocimiento y uso de este documento a nivel general es importante, explica el médico gerontólogo clínico, especialista en cuidados paliativos y ex presidente y adscrito actualmente a la SGXX, Andrés Vázquez “sobre todo porque, con el nuevo fenómeno que supone el envejecimiento a nivel mundial en los últimos años, surge entre otras necesidades, la de reflexionar sobre los cuidados que una persona necesitará y quiere recibir al final de la vida”. Cuando alguien no puede participar en este proceso vital, matiza, “surge la duda de cómo respetar su autonomía y toma de decisiones, uno de los principios de mayor actualidad en bioética”.
Junto con Vázquez, Javier Pérez Martín, vicepresidente segundo de la SGXX y coordinador del Servicio Médico del Complejo Residencial de Atención a Personas Dependientes de Vigo (CRAPD) y María Jesús Lago Vilaboa, trabajadora social de la Unidad de Cuidados Paliativos del grupo de hospitales integrados en la Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Vigo (EOXI) son los responsables de este estudio que han presentado en el último congreso que la Sociedad Española de Médicos de Residencia (SEMER) celebró en noviembre en Córdoba.
Los tres aseguran que, una buena práctica médica “no existe sin el respeto a la voluntad del paciente” continúa, que “ha adquirido al derecho de participar en la propia planificación de sus atenciones sanitarias”. Además, como matizan, “el personal sanitario tiene la responsabilidad profesional, legal y ética de asegurar y favorecer esta participación”.
Resultados
En la investigación, referida a Galicia y en comparación al resto del Estado, se pone de manifiesto que las mujeres son, con gran diferencia (63,5 por ciento) las más sensibilizadas en relación al proceso del final de la vida. O que existe una relación directa con los cuidados de padres e hijos con problemas de salud y cronicidad, que recaen sobre las mujeres. “Su mayor cercanía y relación con situaciones difíciles les hace tomar mayor conciencia del problema de carecer de esta orientación legal y documentada, que el Documento puede proporcionar” indica Vázquez.
Otros datos que se extraen del estudio es que la media de edad de las personas que han subscrito el Documento en Galicia es de 60 años, más baja que la estatal, por encima de los 65 años y que existe un mayor conocimiento del proceso de registro en el ámbito urbano (30 por ciento) que en el rural (12 por ciento).
En cuanto a las personas profesionales que desarrollan su trabajo en relación directa con personas en su última fase vital y muy cercanas a la muerte, con procesos crónicos y terminales, sorprende, subraya este experto, que “el 97,5 por ciento de todos ellos no tienen registrado dicho Documento o que solo un 67,5 por ciento lo conozca”. “Un índice muy bajo” afirma, “teniendo en cuenta su labor en el entorno sanitario, el tipo de paciente que manejan a diario y su estrecho contacto con las situaciones terminales, la cronicidad y la mortalidad”.
También destaca que únicamente el 37,5 por ciento de dicho sector profesional conoce el mecanismo administrativo de registro del Documento. “Una cifra bajísima cuya posible explicación es que los fallecimientos y patologías terminales que les rodean no les recuerdan la enfermedad ni la muerte de seres queridos y mucho menos le sirven de representación de la suya propia. Haciendo una clara distinción entre lo que es su trabajo y el sentimiento hacia lo propio”.
Por eso el estudio concluye que siendo el personal sanitario quién debe constituir el principal medio para informar sobre las voluntades anticipadas a la población “es imprescindible un esfuerzo en programas de información general y formación específica sobre su forma de solicitarlo y suscribirlo, en la Comunidad Gallega específicamente”.
Comparativa Galicia resto del Estado
La investigación se realiza mediante encuestas, cuestionarios y entrevistas voluntarias y anónimas a profesionales sanitarios y usuarios y usuarias de la Unidad de Cuidados Paliativos del Complejo Hospitalario de Vigo (CHUVI) y el Complexo Residencial para la atención a Personas Dependientes de Vigo, ambos públicos y sobre un número de Instrucciones Previas registradas en enero de 2016 de 4.646 unidades, es decir, una de 1,93 por cada 1.000 habitantes.
En ese sentido el número de documentos registrados en España es de 210.798, una tasa del 4,52 por 1.000 habitantes. Por eso la gallega es la segunda tasa más baja después de Extremadura y a una gran distancia de las más altas: Cataluña con el 8,24 o Euskadi con el 8,0.
Otros datos destacados son que en Galicia subscriben este documento el 63,5 de mujeres y el 36,5 de hombres, siendo estos datos muy similares al total estatal, o que el 66 por ciento del total de personas que han registrado el documento en Galicia tiene más de 50 años. En concreto la media es de 60 años frente a 78 a nivel estatal.
Más índices: el 25 por ciento de todos los registros los realizan personas de entre 30 y 50 años de edad frente al 20 por ciento a nivel estatal.
Por último, el estudio establece que, en Galicia las áreas geográficas urbanas presentan una diferencia sustancial de documentos registrados frente a las rurales. En A Coruña por ejemplo es del 47 por ciento; Lugo 11 por ciento; Ourense 10 por ciento y Pontevedra 31 por ciento.
